Volar debe ser una experiencia agradable y segura. Garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de los vuelos comerciales es el objetivo común de los gobiernos y de las líneas aéreas. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia —cuando entraron en vigor estrictos protocolos de bioseguridad— se registró un mayor número de discusiones a bordo y agresiones contra la tripulación, entre otras acciones disruptivas.
Un pasajero disruptivo es aquel que no respeta las normas de conducta en los aeropuertos o aeronaves o que no sigue las instrucciones del personal o de miembros de la tripulación. Su desobediencia perturba el orden y la disciplina ya sea en el aeropuerto o a bordo, afectando así la tranquilidad del resto de los pasajeros.
Incluso, el pasajero disruptivo puede causar elevados costos en caso de que el vuelo deba desviarse para controlar al pasajero violento.
Si bien el número de pasajeros indisciplinados es pequeño considerando el total de personas que vuelan, sus acciones pueden tener un efecto negativo tanto en el buen funcionamiento del vuelo como, más importante, en la seguridad. Muestra de ello es que, sólo en Estados Unidos, la Agencia Federal de Aviación (FAA) reportó más de 7 mil casos de pasajeros disruptivos entre enero de 2021 y abril de 2022. La aviación internacional había basado sus acciones con respecto al problema en la Convención de Tokio de 1963.
Dicha convención indica que la jurisdicción de estas ofensas recae en el Estado en el que está matriculada la aeronave.
Esto creaba problemas cuando los pasajeros disruptivos eran entregados a las autoridades en el país de destino y el país ya era signatario del Convenio: como la infracción estaba fuera de la jurisdicción del destino, se creaba así una brecha jurisdiccional.
Para solventar esto, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), rector global del transporte aéreo, decidió enmendar dicha Convención mediante el Protocolo de Montreal de 2014 (MP14). El protocolo, que reconoce el incremento y la gravedad que representa este tipo de incidentes, otorga jurisdicción a los Estados donde aterrice la aeronave. Al tener consecuencias legales y hasta penales en distintos países, el protocolo sirve como un elemento disuasivo al comportamiento disruptivo a bordo.
A la fecha, más de 30 países a nivel global han ratificado el protocolo. Por la importancia que tiene el transporte aéreo en el país, Panamá tiene la oportunidad de ratificar este importante instrumento disuasivo del mal comportamiento a bordo.
